Diputados dieron media sanción en Catamarca al intento de eliminar el Consejo de la Magistratura provincial, y el Foro Federal de Consejos de la Magistratura de todo el país expresó que se pone en riesgo el Estado de Derecho.

Después de que el pasado 15 de julio, la Cámara de Diputados de la provincia de Catamarca diera media sanción –sobre tablas y en una sesión en tiempo récord- a la eliminación del Consejo de la Magistratura y la ampliación de la Corte de esa provincia, el Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina (FOFECMA), que integra el presidente del Consejo de la Magistratura del Chubut, Enrique Maglione, difundió un comunicado en el que manifiesta su preocupación por las consecuencias de tipo constitucional que esto puede aparejar al estado de derecho y a la división de poderes.

Luego de adherir a este comunicado, Maglione sostuvo que lo ocurrido en Catamarca “es una afrenta constitucional, es un avance de los poderes políticos contra el Poder Judicial, y si se llega a confirmar va a ser un precedente muy grave a nivel nacional, por eso nos reunimos de manera urgente para sacar este comunicado, por la gravedad institucional”.

El comunicado lleva fecha del 16 de julio, y allí se expresa la siguiente:

“El Comité Ejecutivo del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la República Argentina (FOFECMA) expresa su preocupación por el proyecto de ley que obtuviera media sanción en la cámara de diputados de Catamarca, en tanto el mismo involucra la derogación de la ley provincial 5012 del año 2000, por la que se creara el Consejo de la Magistratura en esa provincia”.

“El Foro reafirma el alto valor institucional que tienen los Consejos de la Magistratura como órganos democráticos, pluralmente integrados y con representación de distintos estamentos, los que a través de concursos públicos de antecedentes y oposición y entrevistas, proponen la designación de los postulantes más idóneos para cubrir cargos en la judicatura y en los ministerios públicos”.

“Procedimientos que garantizan la independencia judicial, la igualdad de oportunidades en el acceso a los cargos (art 16 CN), el compromiso de los postulantes con los valores democráticos y los derechos humanos y la idoneidad de los mismos, en tanto requisitos imprescindibles para asegurar un Poder Judicial efectivo y en un Estado Constitucional y Convencional de Derecho”, concluye el comunicado difundido a nivel nacional.