En la sesión que se desarrolló durante esta semana en Esquel, se eligieron defensores públicos para Rawson, Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia, y se determinó abrir la investigación por dos pedidos de jury: uno contra el juez Caviglia y otro contra el fiscal Marcos Nápoli.

 

A lo largo de la semana pasada el Consejo de la Magistratura realizó durante tres días la segunda sesión ordinaria de 2021 en el Hotel Tehuelche de la ciudad de Esquel, ocasión en la que se abordaron diversos puntos, entre los que se destacó la designación de tres nuevos defensores públicos. También como definición importante de los consejeros, se destacó la decisión de abrir sumarios a un juez y a un fiscal, y el cumplimiento del trámite que dio ingreso a tres nuevas denuncias contra magistrados.

El asunto principal de la sesión fue la realización con éxito de tres concursos, a través de los cuales se eligió Carla Vanesa Vera como Defensora Pública Penal para la ciudad de Comodoro Rivadavia; a Natalia Murillo como Defensora Pública Penal para la ciudad de Puerto Madryn; y a Bernardo Corneo como Defensor Público Civil para la ciudad de Rawson.

Por otra parte, se resolvió abrir dos sumarios y designar sumariantes ante dos pedidos de jury. En un caso, se sorteó como consejero instructor del sumario a Mirta Lewis por la denuncia del vecino de Rawson y periodista Luis Dupuy, quien pide la destitución del fiscal Marcos Nápoli, por las causales de mal desempeño y desconocimiento inexcusable del derecho, por su actuación en la causa “Revelación”, en la que le reprocha la decisión de haber avanzado en la suspensión de juicio a prueba con más de 25 empresarios que no irán a juicio a cambio de hacer obras a modo de reparación económica al estado; y por otra parte, el haber accedido a un acuerdo de juicio abreviado con los abogados de los ex funcionarios Pablo Oca y Gonzalo Carpintero, quien pretendían aceptar su culpabilidad a cambio de no ir a un juicio oral y además que les sea bajada la pena.

En el otro caso, se designó como consejero instructor a Nelly García en la denuncia efectuada por el Fiscal de Estado, Andrés Giacomone, en representación del gobernador Mariano Arcioni, contra el juez de Comodoro Rivadavia, Miguel Ángel Caviglia, motivada en declaraciones radiales en las que habría efectuado “una clara manifestación de activismo político, una intromisión en el ejercicio del Poder Ejecutivo”, lo que consideró “hechos de tal gravedad institucional” como para ser considerados “en las causales de mal desempeño previstas en el artículo 165 de la Constitución Provincial”.

INGRESARON DENUNCIAS

Por otra parte, en la sesión de Esquel, se dio inicio al trámite de rigor ante toda denuncia y se realizaron los sorteos de las Comisiones de Admisibilidad en tres casos: en uno se dio ingreso a la denuncia de la Asociación Civil de Madres Víctimas de Trata por mal desempeño y desconocimiento inexcusable del derecho contra Fiscal Jefe de Puerto Madryn, Daniel Esteban Báez. Lo acusan de dejar de cumplir las obligaciones que expresamente señalan las leyes y reglamentos al solicitar en 2018 el archivo de una denuncia de abuso sexual infantil en Puerto Pirámides, que finalmente por la acción del querellante llegó a juicio y logró una condena en 2019 contra la progenitora del menor y su conviviente.

La segunda denuncia ingresada pertenece a Olga Edith Cañupán, y está dirigida contra la jueza penal de Comodoro Rivadavia, Mónica García, a quien le cuestiona un supuesto apartamiento de sus funciones y de las formalidades del proceso en ocasión de la lectura del veredicto en el juicio por el homicidio agravado de Néstor Vázquez en el que fue absuelta la acusada Brenda Vargas, donde se le cuestiona haber realizado una lectura informal “con un discurso sumamente innecesario dirigida a la madre de la víctima, que la llevó a un estado anímico inestable”.

Y la tercera denuncia la realizó el Ministro de Seguridad de la Provincia de Chubut, Federico Massoni, por mal desempeño y desconocimiento inexcusable del derecho contra la jueza penal de Esquel, Alicia Fernanda Revori. En la presentación se la acusa de actos de manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones, al no permitir la detención de tres sujetos que habrían agredido al personal policial en ocasión de un operativo de control de abigeato ocurrido en Cholila en el mes de febrero.